Es más común de lo habitual conocer a alguien que ha tenido problemas al colocar en arriendo su propiedad. Los denominadores comunes generalmente apuntan a la morosidad en el pago de la mensualidad, dejar cuentas de servicios básicos impagos y el mal estado en que quedan algunos inmuebles una vez que los residentes dejan las casas o departamentos.

Más allá de la vivienda en cuestión y las deudas que puedan quedar pendientes, este tipo de situaciones produce un verdadero descalabro en las familias que se ven afectadas, quedando muchas veces atadas de manos para recuperar sus casas, creando un verdadero problema económico  para quienes se ven envueltos en estos casos.

De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2017, el total de arrendatarios ha crecido sostenidamente desde 2006, llegando a que en 2017 un 22% de los hogares arrienda, lo que representa a 1.270.483 hogares.  En ese sentido, han aumentado tanto los arriendos con y sin contrato.

Se estima que habría alrededor de 60.000 casos de controversias entre arrendatarios y arrendadores, de los cuales solo un cuarto de ellos recurre a tribunales, por lo que estamos hablando de aproximadamente de 15.000 juicios de arrendamiento al año. En 2018, casi 20.000 casos ingresaron a tribunales.

Entonces, ante tamañas cifras, no podemos quedar indiferentes y seguir dejando indefensas a aquellas familias, que si bien se respaldan a través de un contrato, no cuentan con las herramientas necesarias para tomar medidas en caso que un arrendatario no cumpla con las obligaciones acordadas.

Con este nuevo proyecto de ley, buscamos, entre otras cosas, que se simplifique el procedimiento del juicio de arrendamiento, velando por la familia que se ve afectada, víctima del no pago del arriendo, acortando los plazos de su tramitación. También queremos prohibir el subarriendo, salvo estipulación en el contrato, estableciendo la figura de arriendo, subarriendo abusivo y hacinamiento;entre otras aristas.

Sabemos que al arriendo de una casa o departamento, muchas veces es el primer paso para optar a la vivienda propia. Este proceso,complementado con una ley que resguarde los derechos del arrendatario y el arrendador, será un buen inicio para que el hacer hogar sea un concepto que se desarrolle en base a la buena convivencia, el buen vivir y el asumir nuestras obligaciones habitacionales. Promovamos la responsabilidad ya que “Mi casa es tu casa”… Llevemos el cumplimiento a todos los ámbitos de nuestro diario vivir.

Manuel Alfaro Goldberg
Director de SERVIU O’Higgins

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