Issa Kort y Javier Macaya se reunieron con el contralor (s) Ricardo Soto e ingresaron un requerimiento para que el organismo indague en las eventuales responsabilidades, luego que la empresa encargada de la construcción se declarara en quiebra.
Un requerimiento a la Contraloría Regional de O’Higgins ingresaron este jueves los diputados Issa Kort y Javier Macaya, con el fin de que el organismo indague en las eventuales responsabilidades por el abandono de las obras de la Capilla Gaudí, luego de que la empresa encargada de su construcción, Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada (Iccos), solicitara ante tribunales la declaración de quiebra a solo dos meses de iniciar los trabajos.
Los parlamentarios se reunieron con el contralor (s) Ricardo Soto, a quien expusieron diversos antecedentes y solicitaron la “revisión integral” del proceso, según informó Macaya.
“Hemos pedido que haga una revisión integral a todo el proceso de licitación de la Capilla Gaudí. Esta es una licitación que ya fue revisada, ya fue tomada de razón por parte de la Contraloría –que es lo que, probablemente, nos va a responder el Ministerio de Obras Públicas-, pero hay una serie de razones que nos hacen dudar respecto de cómo se hizo este proceso y de qué manera se trató de resguardar el patrimonio fiscal”, detalló el parlamentario.
Macaya añadió que en esta obra, cuyo monto bordea los 5 mil millones de pesos, “hay cuestiones mínimas de prudencia que se debieron haber contemplado al momento de licitarla”. Entre estas, dijo que “nos llama mucho la atención que no se haya pedido una boleta de garantía de seriedad de la oferta en su momento. Eso es algo que en procesos similares se realiza (…) También nos llama la atención que, habiendo existido observaciones en el proceso de licitación por parte de otras empresas que postularon, no hayan sido tomadas en cuenta”.
Asimismo, el legislador de refirió a diversos antecedentes vinculados con el representante legal y dueño de Iccos, Oscar Ferrel, quien “es un connotado político de la Nueva Mayoría, que tuvo un cargo importante en gobiernos anteriores, fue director nacional de Vialidad, fue consejero regional de la DC en la Región del Bio Bío. Y aquí no se trata de decirles a las personas que por militancia política no pueden tener empresas o no pueden trabajar, pero sí hay que revisar ciertos vínculos que pudieron haber generado condiciones distintas en la licitación”, afirmó.
Otro antecedente aportado por los parlamentarios se relaciona con la debilitada capacidad económica que habría tenido la empresa al momento de postular a la licitación. En palabras de Kort, “la empresa sabía a principios de este año, es decir, cuando postuló y se adjudicó la obra, que estaba en un estado de insolvencia. La empresa pide voluntariamente la insolvencia y responsabiliza al Ministerio de Obras Públicas de esa incapacidad financiera al rechazarle los pagos. Por lo tanto, si yo como empresa veo que este proveedor no me está pagando, ¿por qué postulo a esta obra al mismo Ministerio? ¿Por qué estoy dispuesto a administrar una obra de 5 mil millones de pesos?”.
“Vemos que la empresa está en estado de insolvencia, lo tenía claro desde antes, y ha dejado paralizadas las obras. Y este no es el único caso, hay otras dos obras, es decir, ha dejado tres obras botadas”, acusó, subrayando además que la cuestionada constructora adeuda pagos a proveedores vinculados con los primeros trabajos para poder llevar adelante la construcción de la capilla.
Los parlamentarios se reunieron el martes pasado con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para solicitar antecedentes sobre la materia, reiterando la solicitud realizada días antes en el mismo tenor a la SEREMI de Obras Públicas de O’Higgins, Natalia Sánchez.
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