Según datos de SERNAMEG, durante el año 2018 se han registrado 10 femicidios frustrados y 2 femicidios consumados en la región. Si bien las víctimas directas de estos hechos han sido mujeres, en muchos de estos casos también existen niños y adolescentes que se ven afectados por esta violencia extrema.
Conocer el proceso de evaluación e intervención que transitan los niños y adolescentes en delitos de género, principalmente ante casos de femicidio frustrado y consumado y poder potenciar la coordinación interinstitucional, fue el objetivo de la presentación que SENAME realizó a la mesa de la Red de Asistencia a Víctimas. La exposición estuvo a cargo de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) Rancagua y el Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) Ayún de Graneros.
Según indicó el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodrigo Acevedo Solis, “el Presidente Piñera ha sido enfático, los niños primeros. Por eso, con motivo de conmemorarse el día de la no violencia contra la mujer en noviembre, en la Mesa de la Red de Atención a Víctimas (RAV) quisimos abordar la problemática de género desde el punto de vista de los niños que son víctimas indirectas, invisibles, en casos de violencia extrema como los femicidios frustrados y consumados. Estamos claros que hay una red de atención especializada para estos casos, pero es necesario analizar cómo estamos funcionando en detalle para mejorar las coordinaciones”.
Para la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma González, “ésta articulación es tremendamente importante para no agotar a las víctimas. La víctima, la adulta, al final se cansa porque tiene que ir a tanta terapia, a tanta cosa y en todas tiene que contar lo mismo. Si estuviésemos todos muy bien articulados, muy bien compenetrados se hace un trabajo en conjunto en beneficio de esa adulta que está dañada y además en beneficio de esos niños que quedaron en nada. Porque aquí no sólo es la víctima y el agresor, están los abuelos, los tíos, los hijos, esa familia que queda dañada completa”.
Según datos de SERNAMEG, durante el año 2018 se han registrado 10 femicidios frustrados y 2 femicidios consumados en la región. Si bien las víctimas directas de estos hechos han sido mujeres, en muchos de estos casos también existen niños y adolescentes que se ven afectados por esta violencia extrema.
La coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de la provincia de Cachapoal, Carla Pérez Cornejo, explica que “la atención en nuestro centro es voluntaria y a veces las mujeres se niegan a recibir la atención por diferentes razones. La pregunta es ¿qué pasa con esos niños? Por obligación tienen que estar enlazados a un programa especializado (…) Aunque la madre no quiera ser atendida, el niño tiene el derecho a recibir atención especializada”.
La Red de Asistencia a Víctimas es una mesa técnica intersectorial que sesiona de manera mensual con el objetivo de contribuir a una oportuna atención por parte de las instituciones que integran el circuito por el cual transita una persona que ha sido víctima de un delito, favoreciendo la prevención de la victimización secundaria. Está integrada por representantes de la Corporación de Asistencia Judicial, Servicio Nacional de Menores (SENAME), Servicio Médico Legal, SEREMI de Salud, Servicio de Salud O’Higgins, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía Regional, Poder Judicial, Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), la Coordinación Regional de Seguridad Pública y los Centros de Apoyo a Víctimas.
Entre los principales acuerdos abordados en esta sesión especial de la RAV, estuvo visibilizar a nivel de Red la pesquisa, existencia de medidas de protección e intervención especializada que estén recibiendo los niños y adolescentes para disminuir la victimización secundaria a la que podrían exponerse al repetir intervenciones por parte de distintas instituciones. A través de mejores coordinaciones la RAV espera hacer más oportuna y expedita la comunicación entre instituciones para entregar una mejor atención a las víctimas de delitos.
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