Si queremos que la minería siga siendo motor económico y orgullo nacional, debemos modernizarla sin sacrificar vidas en el proceso.
La minería es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico de Chile y de nuestra región de O’Higgins. Sus excedentes permiten financiar buena parte de los programas sociales que sostienen a miles de familias vulnerables y su aporte en divisas es una pieza clave de nuestra estabilidad macroeconómica. Sin embargo, este peso económico no puede ni debe justificar la pérdida de vidas humanas. El reciente accidente en la División El Teniente, que costó la vida a seis trabajadores, nos recuerda con crudeza que la minería, especialmente la subterránea, sigue siendo una actividad de alto riesgo.
En faenas como El Teniente, los desprendimientos de roca son un riesgo inherente. Aunque la probabilidad de un accidente fatal pueda ser estadísticamente baja, las consecuencias cuando ocurre son devastadoras. La historia reciente de la gran minería mostraba una larga pausa sin derrumbes mortales de gran magnitud, pero el 31 de julio de 2025 ese registro se quebró. Y junto con el dolor por la pérdida de vidas, surge la pregunta incómoda: ¿estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a pasar?
Tecnología y seguridad: no basta con “hacer lo de siempre”
Chile es una de las principales potencias mineras del mundo. Y, sin embargo, muchas de las metodologías y tecnologías más avanzadas para prevenir accidentes aún deben importarse. Un ejemplo es el hidrofracturamiento, técnica que reduce el riesgo de estallidos de roca y que ya se aplica en ciertas operaciones mineras de nuestro país. Pero la realidad es que, al menos por ahora, es imposible sacar por completo a las personas de la mina. La operación minera seguirá requiriendo presencia humana y por lo tanto, la inversión en seguridad y tecnología no es opcional, es una obligación moral y productiva.
Aquí surge la tensión central: más inversión en seguridad significa, en el corto plazo, menos excedentes para el Estado. Y menos excedentes implican menos recursos disponibles para programas sociales. Este dilema no se resuelve eligiendo entre vidas y beneficios sociales, sino buscando un equilibrio inteligente. La clave está en tener un crecimiento económico sostenido, impulsado por gobernantes capaces de mirar el panorama completo, diversificar la economía y garantizar que una eventual baja de excedentes mineros sea compensada por otros sectores productivos.
Diversificación: no poner todos los huevos en la misma canasta
Si de verdad queremos que la seguridad minera no compita con la ayuda social, necesitamos que Chile fortalezcan otros motores económicos. La exportación agrícola, silvicultura y la acuicultura tienen un enorme potencial en Chile si se les da el soporte técnico, burocrático y logístico adecuado. La explotación sostenible del litio puede convertirse en otro pilar de divisas. Y el turismo, especialmente el ligado a nuestras tradiciones, patrimonio y naturaleza, tiene un margen de crecimiento que todavía está lejos de agotarse.
Esto no significa restar importancia a la minería, sino complementarla. Diversificar no es un lujo, es una necesidad estratégica para que los vaivenes del precio del cobre o las inversiones en seguridad no golpeen la estabilidad social.
El rol de los sindicatos y la opinión pública
En este debate, es imposible dejar fuera a los sindicatos. Históricamente, su foco ha estado en la defensa de los derechos laborales y las condiciones contractuales, más que en la fiscalización técnica de las normas de seguridad o la promoción de nuevas tecnologías preventivas. Sin embargo, un sindicalismo moderno y proactivo podría convertirse en un aliado clave para exigir e implementar mejoras, aprovechando su posición para detectar y denunciar riesgos sin temor a represalias.
La opinión pública, por su parte, muchas veces se centra en el alto nivel de ingresos y bonos que reciben los trabajadores mineros. Esta percepción puede inclinar la balanza hacia la idea de mantener altos excedentes estatales, incluso a costa de limitar la inversión en seguridad. Es un debate que debemos encarar con datos y realismo: una faena más segura no solo salva vidas, también reduce pérdidas por detenciones, evita demandas y mejora la reputación internacional del país.
Propuestas para un cambio real
El accidente de El Teniente debe ser un punto de inflexión, no una anécdota más en las estadísticas. Por eso propongo un conjunto de medidas concretas:
Fortalecer Sernageomin: aumentar su dotación, mejorar las condiciones de los profesionales para atraer especialistas y crear una unidad de geotecnia y sismicidad capaz de cerrar áreas en tiempo real cuando existan riesgos críticos.
Permisos ágiles pero seguros: simplificar la burocracia para planes de expansión, pero con hitos de seguridad obligatorios. Si no se cumplen, no se avanza.
Incentivos a la innovación: en lugar de bajar impuestos a la minería, reducir trabas burocráticas para implementar nuevas tecnologías y cofinanciar proyectos de teleoperación, monitoreo sísmico avanzado y fortificación inteligente.
Transparencia pública: crear un tablero en línea con indicadores de seguridad por faena, accesible a todos, para que la reputación minera se mida con datos, no solo con producción.
Fondo de Seguridad Minera: destinar una fracción de excedentes a un fondo contracíclico que financie innovación y prevención en periodos de buen precio del cobre.
Fiscalización tripartita: inspecciones conjuntas Estado–empresa–trabajadores, con listas públicas y plazos claros de corrección.
Protección a denunciantes: usar el fuero sindical como escudo para quienes denuncien negligencias o incumplimientos.
Estándares internacionales: adaptar normas como ISO 45001, ISO 17757 (maquinaria autónoma) y guías australianas de manejo de sismicidad en minas.
Un equilibrio necesario
Lo que propongo no es fácil ni inmediato. Invertir en seguridad y tecnología tendrá un costo y ese costo, inevitablemente, reducirá parte de los excedentes mineros que hoy financian beneficios sociales. Pero si contamos con gobernantes capaces de impulsar un crecimiento económico sostenido, esa diferencia se puede compensar. No debemos aceptar un falso dilema entre proteger vidas o sostener ayudas sociales: Chile puede y debe hacer ambas cosas.
El accidente de El Teniente nos recuerda que detrás de cada tonelada de cobre hay personas, familias y comunidades. Que los recursos que extraemos son finitos y que el verdadero desarrollo es aquel que no sacrifica vidas en el camino. Si queremos que la minería siga siendo un motor económico y un orgullo nacional, debemos modernizarla, hacerla más segura y usar su fuerza para impulsar un país más diverso y sostenible.
En la Región de O’Higgins, sabemos bien lo que significa vivir cerca de una mina. La vemos como fuente de empleo, de inversión y de identidad. Pero también hemos visto sus riesgos. No esperemos a que la próxima tragedia nos obligue a reaccionar. Tenemos la capacidad, el conocimiento y los recursos para hacerlo ahora. Lo que falta es decisión.
El futuro de la minería chilena —y el de miles de familias que dependen de ella directa o indirectamente— depende de que entendamos que seguridad e innovación no son un lujo, son la única manera de que este pilar económico siga en pie, sin que nadie más tenga que pagar con su vida el precio del desarrollo.
Felipe Moena Reyes
Ingeniero Civil Industrial – Ingeniero en Minas.
Especialista en Políticas Públicas.
Director de Carrera Ingeniería Civil en Minas
Universidad de Aconcagua.
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