Con el propósito de analizar en profundidad los alcances de la Ley de Aportes al Espacio Público y las repercusiones que esta normativa tendrá en el sector construcción, el martes recién pasado, el arquitecto y jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Patricio Olate, ofreció una charla a los socios de la CChC Rancagua.

En la oportunidad el profesional advirtió que el reglamento de la ley está en proceso de toma de razón de Contraloría y que luego de su promulgación pasarán 18 meses para su puesta en marcha de manera oficial.

Al respecto el presidente del comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC a nivel local, Pablo Marambio, recalcó que el gremio ha sido enfático en señalar que “nos parece imprescindible que los proyectos inmobiliarios -sin excepción alguna- mitiguen mediante un cobro único los impactos directos que producen en su entorno. De esta forma se evita que se traspasen costos a vecinos, municipios o al Estado y se ayuda a reducir la oposición que provoca en la comunidad la construcción de proyectos de densificación”.

“Eso sí, nos preocupa que esta nueva legislación incremente los costos de las viviendas, los plazos de tramitación de los proyectos y genere un escenario de incertidumbre para el sector, ante la imposibilidad de incorporar adecuadamente las nuevas exigencias en los desarrollos inmobiliarios que se comiencen a planificar con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley”, indicó Marambio.

La nueva Ley de Aportes al Espacio Público, impactará en dos aspectos. Por una parte, las mitigaciones, que serán las obras y medidas de gestión de tránsito en el entorno inmediato al proyecto ejecutado, definidas en la reglamentación de los Informes de Mitigación Vial (IMIV).

El otro aspecto se refiere al aporte al espacio público, cuya responsabilidad recaerá en aquellas construcciones que se realicen en terrenos urbanizados. En tales casos los desarrolladores deberán entregar recursos que podrían llegar hasta el 44% del avalúo fiscal del terreno, dineros que pasarán a un fondo que financiará los planes comunales de obras, cuyo destino será reinvertirse en un 70% en proyectos de movilidad.

El dirigente gremial destacó que “como empresa nos parece muy buena la decisión respecto a que las inmobiliarias que desarrollan proyectos de densificación consideren una correcta inserción con el entorno, entregando a la ciudad un aporte que se traduzca en calidad de vida y de barrio, agregando valor a la comunidad y a los proyectos en cuestión”. Además agregó que “nos parece correcto que la ley tiene tres principios muy relevantes la proporcionalidad, predictibilidad y la universalidad de los aportes. El desafío principal es lograr un equilibrio entre los costos que implica para los proyectos y cómo esos costos se van a traspasar a precio”, finalizó.

 

 

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