Hablar de inclusión en educación en Chile representa un avance necesario. La Ley de Inclusión Escolar ha permitido visibilizar el derecho de todas las personas a acceder a una educación sin discriminación. Sin embargo, al trasladar este principio a la práctica, emerge una realidad compleja que tensiona tanto la educación escolar como la educación superior.
En ambos niveles, muchos docentes enfrentan el desafío de trabajar con estudiantes con discapacidad sin contar con formación especializada. Esta situación no responde a una falta de compromiso, sino a una brecha en la formación inicial. La inclusión educativa exige estrategias diversificadas, adecuaciones curriculares y comprensión de diversas necesidades de aprendizaje, competencias que no siempre han sido integradas de manera sistemática en las mallas curriculares de formación profesional.
En la educación superior, este escenario se vuelve aún más desafiante. Los académicos suelen ser expertos en sus disciplinas, pero no necesariamente cuentan con herramientas pedagógicas inclusivas. A ello se suma la creciente diversidad del estudiantado y la necesidad de responder a estándares de calidad que incorporan la inclusión como un criterio fundamental.
La presión por garantizar aprendizajes significativos, junto con el resguardo de los derechos de los estudiantes, genera una tensión constante. Cuando las instituciones no disponen de apoyos adecuados —como recursos, acompañamiento interdisciplinario o ajustes razonables—, el riesgo de vulneración se hace evidente. Esta situación afecta no sólo a los estudiantes, sino también a los docentes, quienes deben responder a exigencias para las cuales no fueron preparados.
La inclusión no puede sostenerse únicamente desde la voluntad. Requiere condiciones estructurales, inversión y formación pertinente. En este contexto, se vuelve imprescindible cuestionar si el sistema educativo – en todos sus niveles – está preparando efectivamente a los futuros profesionales para enfrentar aulas diversas.
Así como se han incorporado asignaturas orientadas al desarrollo de habilidades transversales, resulta fundamental integrar la educación inclusiva como un eje central en las mallas curriculares, tanto en carreras pedagógicas como en la formación de profesionales de distintas áreas.
Educar en diversidad implica reconocer que no todos aprenden de la misma forma, pero también que no todos enseñan con las mismas herramientas. No es posible exigir inclusión sin asegurar formación, apoyo y condiciones adecuadas para llevarla a cabo.
María Natalia Martínez Rojas.
Coordinadora de formación docente
IP CFT Santo Tomás, sede Rancagua
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