La “permisología” hace referencia al exceso de trámites y autorizaciones requeridas para ejecutar proyectos de inversión en Chile. Este fenómeno ralentiza aprobaciones, encarece costos e incrementa la incertidumbre, afectando directamente la inversión y el crecimiento económico.
El término —similar al “red tape” anglosajón— surge de una regulación y burocracia que, aunque buscan proteger recursos y mitigar externalidades, en muchos casos terminan siendo sobredimensionadas, generando más costos que beneficios (Stigler, 1971).
En regiones como la de O’Higgins, estos trámites afectan especialmente a sectores como construcción, comercio y uso de recursos naturales. Según datos recientes, los plazos promedio de tramitación superan el año. Además, muchos proyectos aprobados pueden ser impugnados incluso después de iniciadas o terminadas las obras, debilitando la certeza jurídica.
Menos trabajo, menos bienestar
Chile, dentro de la OCDE, figura entre los países más burocráticos en materia de permisos. Esto ha hecho que inversionistas extranjeros miren al país con creciente cautela, lo que impacta en el empleo y el bienestar. El Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria, proyecta un bajo crecimiento tendencial del 1,8% anual para la próxima década, lo que augura estancamiento y pérdida de oportunidades.
En 2023, el costo regional de los retrasos en tramitación alcanzó los US$ 159 millones, con solo nueve proyectos aprobados (70% menos que el promedio histórico) y una pérdida estimada de 8.000 empleos en O’Higgins. La permisología no solo frena inversiones: también impide atender necesidades sociales urgentes, como el acceso a vivienda, afectando la calidad de vida de miles de familias.
Los efectos concretos incluyen menor inversión y crecimiento económico, pérdida de empleos y oportunidades, aumento de costos e incertidumbre, obstáculos para la innovación y la llegada de nuevas empresas y el deterioro de la imagen regional y nacional frente a potenciales inversionistas.
Para enfrentar este problema, se han propuesto medidas como la revisión regulatoria con enfoque de “base cero”, eliminando normas innecesarias; también la profesionalización del empleo público, reduciendo la influencia política. Se ha sugerido también la fusión o eliminación de ministerios, creando uno de desregulación, así como también la digitalización total del Estado, siguiendo el modelo de Estonia.
Reducir la permisología es clave para dinamizar la inversión, fomentar el empleo y mejorar el bienestar. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay progreso para las familias chilenas.
Carlos González Martínez
Jefe de carrera Técnico en Administración de Recursos Humanos
CFT Santo Tomás Rancagua
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