La Comisión de Agricultura del Senado retomó la discusión del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas promoviendo un balance entre un uso productivo eficiente, la preservación ecosistémica y el derecho humano de acceso al agua potable.

Tanto el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga como el Ministro de Agricultura, Carlos Furche presentaron argumentos defendiendo la necesidad de avanzar en su discusión y escuchar a los más de 40 actores inscritos para presentar sus puntos de vista, lo que continuará a partir del 20 de noviembre.

El Ministro Undurraga destacó que es un proyecto necesario para el país, que se hace cargo de los distintos usos y que reconoce los derechos indefinidos. “Cualquier hipótesis de expropiación queda descartada de plano. Algunos señalan que la reforma complicará la solicitud de crédito a los agricultores, lo cual es falso, muchos negocios con concesiones a 30 años como las televisivas obtienen crédito”.

Respecto a quienes formulan que el Estado en vez de dedicarse a regular, debiera hacer más inversiones, enfatizó que debiera hacer las dos cosas. “Tenemos una inversión histórica. Desde 1911 cada gobierno licitaba y adjudicaba en promedio 1,5 embalses cada 4 años. El gobierno anterior sólo adjudicó Chacrillas, no lo licitó. Nosotros ya adjudicamos tres y otras tres licitaciones están en proceso”.

A su vez, el Ministro Furche señaló que es un proyecto que ha generado debate y conviene aclarar las dudas. “Si se analiza el proyecto, con plena buena fe, no hay intención expropiatoria. Con el ministro Undurraga llevamos diciéndolo hace 3 años. El debate debe ser  en torno a lo que efectivamente plantea el proyecto, no a otra construcción. Hay que ir acotando las discrepancias. Si hay un cuestionamiento global, es difícil hacer una discusión razonable”.

Entre los puntos de la reforma destacados por el titular de Agricultura, mencionó que ésta contempla 2.750 millones de pesos para apoyar la regularización de derechos de agua. “Hay un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento, no para concluir el trámite. Excepcionalmente, los derechos de aguas de las comunidades indígenas no están afectos a ningún plazo para iniciar esta diligencia”.

El Director General de Aguas del MOP, Carlos Estévez, indicó que “el texto no menciona en ninguna parte que las personas perderán sus derechos de aguas. Dice que los titulares o dueños de derechos antiguos, podrán disponer de ellos, lo que ahora se expresa en el articulado permanente. Hay que tener cuidado, el tema es que con la excusa que existiría un problema de propiedad, lo que es bastante discutible, se está, en los hechos, frenando el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento”.

Además, explicó los conceptos de caducidad y extinción del derecho en la reforma, considerando que el agua es un bien nacional de uso público.

“La caducidad opera cuando el dueño de un derecho no lo inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Hoy el Código dice que el titular debo hacerlo, pero no establece plazo y sanciones y  con la reforma se incorporan. Con dicha inscripción la Tesorería General de la República puede identificar a quienes no usan sus derechos para cobrar las patentes, es decir, a quienes no tienen hecha su obra de aprovechamiento, un pozo y bomba en aguas subterráneas, o hacer una bocatoma y tener el canal en el caso de aguas superficiales. Y quien en 5 ó 10 años no hace esas obras, es alguien a quien no le interesa aprovechar el agua. Y este es el caso de muchos especuladores, que no lo inscriben para no ser alcanzados por la Tesorería”.

 

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