Hace 15 años, en Argentina nacía el término “Corralito”, en ese momento, el Gobierno de Fernando De La Rúa impidió mediante un decreto que los ciudadanos pudieran hacer uso de sus ahorros en Dólares que se encontraban en los Bancos de ese país, esta medida fue la que puso fin a ese Gobierno luego de varias semanas de un país en llamas.

Hoy en nuestro país,  la Superintendencia de Salud, ha creado un “Corralito” para la Isapre Masvida, es decir que frente a una extraña mala situación económica de esta Isapre y con la excusa de “Salvar la empresa” ha impedido que los afiliados legítimamente molestos por los innumerables problemas que les genera la mala administración de Mas Vida, migren a otra Isapre o a FONASA si así lo quisieran.

Los canales de TV hace semanas que nada dicen sobre el tema, hay diputados como socios de la Isapre y todo indica que la Superintendencia no está velando por el bienestar de las personas si no por el bienestar del bolsillo de los socios de la empresa al extender esta medida injusta para ayudar a las negociaciones para salvar una empresa privada.

No es posible que frente a una situación como esta, el Estado se coloque solo de parte de la empresa, transformando en rehenes a los afiliados que mes a mes cancelan altos montos por planes buscando una mejor calidad de vida.

A las personas le descuentan puntualmente de sus remuneraciones el plan de salud contratado con Mas Vida, sin embargo el contratante no recibe lo que contrató si no que problemas, malos tratos y finalmente un “corralito” de parte de quien debiese proteger a los usuarios.

Firmemente señalo que la decisión de la Superintendencia es inconstitucional, la Constitución asegura a todas las personas derechos de acceso a la salud y de igual manera el derecho a elegir el sistema de salud, sea público o privado  y el derecho de propiedad, velar por el beneficio de unos pocos socios en desmedro de miles de personas es un despropósito de marca mayor que no debe ser aceptado por nuestra sociedad, quienes son los afectados pueden recurrir ante la Corte de Apelaciones correspondiente para el reestablecimiento del imperio del derecho.

Wladimir Román M.

 

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